La polémica persigue al fiscal general García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recusado a todos los magistrados del Tribunal Supremo que tienen que resolver sobre si sigue siendo o no el jefe del Ministerio Público. El fiscal general ha presentado un incidente de recusación contra los cinco magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que tienen pendiente de resolver un recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su designación al frente de la Fiscalía General del Estado.

Se trata de los mismos magistrados que el pasado noviembre dictaron una sentencia que tumbó el nombramiento de la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, como fiscal togada del Supremo, al acusar a García Ortiz de "desviación de poder" ya que "su finalidad fue asegurar a Dolores Delgado su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal".

García Ortiz no ha recusado a la quinta magistrada que actualmente conforma dicha Sección, dado que no participó en la deliberación y fallo del pasado noviembre relativa a la designación de Delgado como fiscal togada de la Sala de lo Militar del Supremo, que es en la que se basa el incidente de recusación.

En caso de que los magistrados recusados no se aparten, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) --en su artículo 227-- contempla que será la conocida como 'Sala 61' la que tendrá que pronunciarse sobre la petición planteada por García Ortiz. Esta Sala Especial cuenta con 16 magistrados: el presidente interino del Supremo, los presidentes de Salas, los cinco magistrados más antiguos y los cinco más recientes de cada una de dichas Salas.

LA POLÉMICA PERSIGUE EL FISCAL

Es el enésimo conflicto en el que el fiscal general del Estado se ve envuelto. La polémica persigue a Álvaro García Ortiz desde el mismo momento de su nombramiento, cuando se convirtió en el primer fiscal general del Estado declarado no idóneo por el Consejo General del Poder Judicial.

El camino de Álvaro García Ortiz se empinó desde el mismo momento de su nombramiento en julio de 2022 por su estrecha relación con Dolores Delgado, fiscal general del Estado tras dejar de ser ministra de Justicia. La intención de García Ortiz de promocionar a Delgado en la carrera fiscal ya provocó que el CGPJ le considerara no idóneo para su cargo. Fue la primera vez que así sucedía.

Comenzó así un tiempo con el jefe de los fiscales siempre en el ojo de la polémica. Por ejemplo, cuando la Fiscalía intentó evitar pronunciarse con respecto a la imputación de Carles Puigdemont por terrorismo en plena negociación de la amnistía. Y cuando no condenó las referencia a la existencia de lawfare que PSOE y Junts defendían en su acuerdo de investidura. O cuando se le acusó de filtrar conversaciones entre la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y el fiscal de Madrid para alcanzar un acuerdo de conformidad por los delitos contra la Hacienda Pública que, presuntamente, habría cometido el novio de la presidenta madrileña.

Y también después de que el Tribunal Supremo anulara ayer la designación de Dolores Delgado como Fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática por incompatibilidad de ésta. García Ortiz afirma encajar las críticas que recibe, que atribuye a la polarización política. Su último conflicto tiene que ver con su petición de recusación de los cinco magistrados del Tribunal Supremo que ahora tienen en sus manos la continuidad de García Ortiz al frente de la Fiscalía.