La Audiencia envía a Justicia su informe sobre los indultos de Griñán y otros condenados por los ERE

La Audiencia de Sevilla ya ha enviado al Ministerio de Justicia su informe sobre los indultos a los condenados por los ERE en Andalucía, entre ellos el de José Antonio Griñán, expresidente de la Junta. Se desconoce si es favorable o contraria porque no se ha notificado ni a las defensas, ni a la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía ni a la Fiscalía. Estas últimas ya se pronunciaron en contra del indulto cuando, durante el trámite de los ocho expedientes les correspondió hacerlo.

Ahora, con todos los informes sobre la mesa la sección primera de la Audiencia de Sevilla, la misma que emitió la condena, ha dado por completado el expediente de indulto de los ocho condenados que lo solicitaron: el expresidente Griñán, que fue condenado a seis años de prisión aunque tiene en suspenso la ejecución de la pena durante 5 años debido a su estado de salud, los exconsejeros Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera y Antonio Fernández y los viceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez, junto al exdirector de la Agencia Idea Miguel Ángel Serrano. Los informes elaborados por el tribunal andaluz que se han enviado al Ministerio de Justicia no son vinculantes ni existe un plazo establecido para que el Gobierno decida sobre ello.

El pasado 5 de abril se conoció que la Fiscalía Anticorrupción se opone a la petición de indulto de Griñán, condenado a seis años de prisión por el caso de los ERE, y de los otros siete ex altos cargos condenados por malversación. El indulto lo solicitaron, junto a Griñán, los exconsejeros Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera y Antonio Fernández. También lo pidieron los viceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez, y el exdirector de la Agencia Idea Miguel Ángel Serrano.

La Fiscalía considera que no puede reconocerse la "honestidad y honradez" de los solicitantes cuando se les condena por los delitos "más graves cometidos en el seno de la Administración Pública" y en su ejecución se evidencia "un flagrante quebranto de la probidad en el ejercicio de la función pública. "Los fines retributivos, de prevención y rehabilitación de las penas no justifican, ni permiten la concesión de un indulto parcial", añade.

La Fiscalía indicó que la malversación tiende a hacer posible la confianza de la sociedad en el "manejo honesto" de los fondos públicos y entiende que "no debe de olvidarse que durante el mandato del acusado en los cargos ya detallados se dispuso de créditos presupuestarios para la concesión de ayudas ilegales por un importe superior a 427 millones". Tras examinar los argumentos de la petición de indulto, "sustentada en razones de justicia y equidad", la Fiscalía Anticorrupción entiende que no guardan relación con la naturaleza y finalidad del indulto.

La Fiscalía ha recordado que el Tribunal Supremo recoge que la malversación es una forma más de corrupción política y señala que el correcto entendimiento del delito de prevaricación administrativa sólo puede realizarse desde una concepción democrática del poder público. "La corrupción política y administrativa y la desviación de poder son incompatibles con un estado democrático de derecho, en el que han de prevalecer principios como la igualdad ante la ley, el control del poder público, la imparcialidad y la corrección en la actuación administrativa", manifiesta.