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Manifestaciones en todo el país contra "el negocio de la vivienda"
En 40 ciudades españolas (entre ellas Málaga, Sevilla y Granada) se han celebrado actos de protestas por el precio de la vivienda. Los sindicatos de inquilinos reivindican rebajas en los alquileres y medidas para recuperar las viviendas vacías o turísticas.
Manifestaciones este sábado en todo el país para protestar por la situación del mercado de la vivienda, exigir una rebaja del 50 % en los alquileres, terminar con los rentistas, poner fin a los desahucios y prohibir las empresas de desokupación. En Andalucía cerca de una decena de ciudades se han sumado a la protesta
La protesta se ha celebrado en 40 ciudades españolas bajo el lema "Acabemos con el negocio de la vivienda", después de las que tuvieron lugar en otoño pasado, en medio de gritos como "okupa y revienta la vivienda" o "que no pagamos con nuestros sueldos vuestra especulación".
Los sindicatos de inquilinos, junto a una decena de organizaciones que forman parte de este movimiento y el respaldo de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, advierten de que "solo las huelgas de alquileres y la organización sindical acabarán con el negocio de la vivienda".
La portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, Valeria Racu, ha dicho a los medios en la cabecera de la manifestación que "decretan los alquileres indefinidos" y piden al medio millón de hogares cuyos contratos acaban este año, según sus datos, "resistir".
Los convocantes solicitan contratos de alquiler indefinidos (medida que acaba de rechazar el Senado al entender que supone la vuelta del modelo franquista), que se recuperen las viviendas vacías, turísticas y en alquiler de temporada; que se prohíba la compra de casas si no es para vivir en ellas o se "desarticulen" los grupos de desokupación.
También demandan ampliar el parque público de vivienda, pero no a través de la construcción masiva, sino de la vuelta al parque público de la vivienda de Sareb y de expropiaciones.
Dirigen sus críticas contra inmobiliarias, portales, plataformas de alquiler turístico como Airbnb, empresas de servicios como Alquiler Seguro -a la que el Ministerio de Consumo ha abierto un expediente sancionador por supuestas prácticas abusivas en la gestión de alquileres- y contra el Gobierno, a quien acusan de ponerse del lado de los que denominan "rentistas" y no hacer nada para frenar la especulación.