Cataluña gestionará las devoluciones de extranjeros y estará en el control de fronteras

Cataluña tendrá las competencias sobre inmigración como exigía Puigdemont a Pedro Sánchez. El PSOE y Junts han llegado a un acuerdo que contempla la presencia de mossos en el control de fronteras o que Cataluña gestione las devoluciones de extranjeros. El PSOE y Junts per Catalunya han registrado este martes por la mañana la proposición de ley orgánica de delegación de competencias en materia de inmigración. El acuerdo, firmado en Bruselas por socialistas y posconvergentes, se ha cerrado una semana después de que los de Carles Puigdemont retirasen en el Congreso la moción de confianza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña incluye la gestión de la Generalitat de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o la devolución de los extranjeros que tengan prohibición de entrada. El pacto entre socialistas e independentistas catalanes también llevará a los Mossos d'Esquadra a cogestionar con la Guardia Civil y la Policía Nacional la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas. Para ello, la Policía catalana estará en frontera y actuará para hacer cumplir la ley en cooperación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Además, Cataluña se configurará como "ventanilla única" en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración; así como expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español. También se incrementará el número de Mossos en 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes.

El acuerdo también recoge que Cataluña ejerzca la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos. Por ejemplo, instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expediente (devoluciones), y las que sí lo requieren se resolverán a partir de la propuesta formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad catalana.

La Generalitat también determinará el contigente de trabajadores extranjeros en la contratación en origen, aplicará las previsiones de la legislación vigentes en materia lingüistica, y serán los Mossos quienes ejerzan la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación de seres humanos.

Por último, para que la cesión de competencias sea una realidad, el Estado transferirá "los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios" para que Cataluña las pueda ejercer. Solo de este modo la región podrá desarrollar "un modelo propio" con "una política integral", y "todas las fases de la relación de los inmigrantes" con las instituciones catalanas "tendrán una posición determinante" en la legislación europea y española.

POBLACIÓN NO CATALANA
En la exposición de motivos del acuerdo, ambas partes justifican esta delegación de competencias esgrimiendo que Cataluña "ha sido siempre" un territorio con mucha población inmigrante, a la que "ha tenido la capacidad de integrar" en su modelo de "catalanidad". En concreto, recuerdan que el 18% de la población catalana es extranjera y que el 24% ha nacido fuera de Cataluña. "La situación en Cataluña determina, de acuerdo con la voluntad de la sociedad catalana, la necesidad de asumir la gestión de dicho fenómeno por parte de la Generalitat de Cataluña y las entidades locales que la integran, como administraciones más cercanas a la población", se puede leer en el pacto firmado por PSOE y Junts.

La cesión se hará en base al artículo 150.2 de la Constitución, que recoge que el Estado podrá transferir o delegar a las comunidades autónomas "facultades correspondientes a materia de titularidad estatal" que por su propia naturaleza "sean susceptibles de transferencia o delegación".

CONTROL DE FRONTERAS

El Gobierno ha defendido el acuerdo del PSOE y Junts para la "delegación" de competencias migratorias a Cataluña y la constitucionalidad de la proposición de ley registrada en el Congreso: "no se cede el control de fronteras", ha garantizado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Es una proposición de ley que "nace de la Constitución y que se aplica con la Constitución española en la mano", ha garantizado la ministra este martes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

En este contexto, ha afirmado que no se cede el control de fronteras a los Mossos, que actuarán en las fronteras en aplicación de las competencias que recoge la ley "en colaboración y en coordinación" con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Podemos ha anunciado ya su rechazo a un acuerdo que ha tachado de "racista" y sin sus votos no podría salir adelante la ley, pero Saiz ha invitado a todos los grupos parlamentarios a "bucear" en el texto de la proposición registrada en el Congreso para hacer después sus aportaciones.

La ministra ha asegurado que trabajarán para conseguir un acuerdo y ha garantizado que "el Gobierno del diálogo" tiene siempre como objetivo alcanzar acuerdos que velan por el interés general. Saiz ha pedido ser "cuidadosos" con el lenguaje y ha recordado que el artículo 150.2 de la Constitución contempla la delegación de competencias. Y ha pedido además fijarse en el contexto de una comunidad autónoma en el que el 18 % de la población tiene nacionalidad extranjera y el 25 % es de origen extranjero y que desde 1992 ha mostrado su voluntad de asumir la gestión migratoria.

Preguntada sobre si otra comunidad podrá asumir también esas competencias, ha explicado que ninguna lo ha pedido, pero que si dan el paso, se estudiará "con total detenimiento y rigor". Ni Saiz ni la ministra portavoz, Pilar Alegría, han aclarado si el acuerdo garantiza el apoyo de Junts al proyecto de presupuestos generales del Estado. Alegría, tras señalar que la complejidad parlamentaria fruto de las últimas elecciones no ha cambiado, ha ratificado la voluntad del Gobierno de contar con nuevos presupuestos y de "sudar la camiseta" hablando con todos los grupos parlamentarios para conseguirlo "cuanto antes".