El Gobierno incumple por tercer año el plazo constitucional para presentar los presupuestos

Por tercer año consecutivo, España llega a este 30 de septiembre sin Presupuestos Generales del Estado. Este martes se acaba el plazo constitucional y el Ejecutivo no ha aprobado en el Consejo de Ministros ni la senda fiscal ni el techo de gasto, que son los pasos previos. Y, mientras, los socios de investidura de Pedro Sánchez siguen presionando: si no cumplen con los compromisos pactados no apoyarán los Presupuestos. La ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, insiste en que trabajan para tenerlos listos antes del 1 de enero de 2026.

El 24 de noviembre de 2022 se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado para 2023. El Gobierno de Pedro Sánchez superaba con comodidad ese debate con 187 votos a favor. Eran otros tiempos. En aquella legislatura Podemos formaba parte del ejecutivo con cuatro ministros y Pablo Iglesias como vicepresidente.

Hoy la realidad es bien distinta, Podemos endurece cada día más sus exigencias para apoyarlos, si es que el Gobierno los llega a presentar, y los principales socios de investidura de Sánchez, los independentistas catalanes, exigen que se cumplan sus acuerdos para votar a favor. Entre tanto, la posibilidad de que se prorroguen por tercera vez, puede poner en riesgo muchas inversiones y transferencias a comunidades autónomas y ayuntamientos.

En caso de que no fuera posible culminar la tramitación este año y se llegara al 1 de enero de 2026 sin unas nuevas cuentas, automáticamente se prorrogarían los presupuestos de 2023, que son los actualmente en vigor y que se convertirían así en los más longevos de la democracia. "Estamos ajustando ya los últimos números del proyecto de presupuesto" de 2026, aseguró este lunes la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que también avanzó que llevará "pronto" al Consejo de Ministros los objetivos de estabilidad y el techo de gasto.

La Constitución establece que el Gobierno debe presentar el proyecto de presupuestos en el Congreso tres meses antes de que expire el año anterior, un plazo que no se cumple desde las cuentas de 2016, las últimas de la mayoría absoluta del PP, tramitadas en el verano de 2015.

El último gobierno de Mariano Rajoy presentó los presupuestos de 2017 y 2018 ya avanzado el año -ambos en el mes de marzo- y, de hecho, estos últimos se aprobaron ya tras la moción de censura de Pedro Sánchez. Aunque el gobierno de Sánchez presentó proyecto de presupuestos para 2019 -también con retraso-, este fue rechazado en el Congreso, por lo que las cuentas de 2018 se mantuvieron prorrogadas durante todo ese año -en que se sucedieron dos elecciones generales- y 2020 -cuando la pandemia paralizó buena parte de la actividad legislativa-.

También los tres presupuestos aprobados por los gobiernos de Sánchez salieron del Consejo de Ministros con algo de retraso -el de 2021, el 27 de octubre; el de 2022, el 7 de octubre; y el de 2023, el 4 de octubre- pero una tramitación acelerada permitió que estuvieran en vigor a tiempo. Desde entonces no se ha vuelto a presentar ningún proyecto presupuestario, por lo que las cuentas de 2023 continúan en vigor.

Antes de presentar los presupuestos, la ley de estabilidad obliga a aprobar unos objetivos de estabilidad, un proceso que conlleva su propia tramitación parlamentaria, que se suele alargar durante varias semanas y que podría complicarse por las exigencias de Junts.

Los objetivos de estabilidad (déficit, deuda y techo de gasto) para el periodo 2026-2028 se deberían haber aprobado antes de julio junto con el techo de gasto, que no se vota en las Cortes, pero el Gobierno todavía no ha iniciado este proceso. En primer lugar, el Gobierno tiene que presentar su propuesta a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y a las corporaciones locales en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), donde Hacienda tiene la mitad de los votos, lo que garantiza su aprobación.

Después, el Consejo de Ministros aprueba los objetivos y los remite al Congreso. Si resultan aprobados pasan al Senado y, si la Cámara Alta los avala, quedan definitivamente aprobados; en caso contrario, vuelven al Congreso.

En caso de que la senda de estabilidad no sea aprobada, el Gobierno tendrá que presentar una nueva y, si esta también se rechaza, se mantendrían en vigor los últimos objetivos remitidos a Bruselas, ya muy desfasados.

Los objetivos de estabilidad actualmente en vigor son los recogidos en el programa de estabilidad de abril de 2023 (déficit del 2,5 % para 2026), previos a la reforma de las reglas fiscales europeas, ya que el Gobierno no logró aprobar unos nuevos para el periodo 2025-2027 ante la exigencia de Junts de dar mayor margen a las autonomías, una reivindicación que se mantiene.
Con los objetivos en vigor -ya sean los nuevos o los del programa de estabilidad-, el Gobierno podrá elaborar el proyecto de presupuestos y remitirlo a las Cortes, ya fuera del plazo constitucional, lo que dificulta que pueda completar la tramitación parlamentaria -que se suele extender unos tres meses- antes de final de año.