Europa reprende a España por incumplir desde el año 2019 las normas en lucha contra la corrupción

España continúa incumpliendo, total o parcialmente, las 19 recomendaciones para luchar contra la corrupción que le viene haciendo desde 2019 el Consejo de Europa, que aunque reconoce algunos avances, en particular con proyectos legislativos que se han esbozado, lamenta que no se hayan materializado.

En un informe publicado este viernes que actualiza la evaluación de esas recomendaciones respecto a otro relativo a 2023, el organismo anticorrupción del Consejo de Europa (GRECO) considera que el incumplimiento sigue siendo total para 3 de esas 19 recomendaciones, frente a seis anteriormente.

El GRECO insiste en que esas evoluciones no son suficientes a la vista de lo que viene reclamando desde hace ya seis años y, por eso, ha pedido a España que le entregue un informe de aquí al 30 de junio de 2026 en el que le detalle los progresos que haya hecho.

Para poner más presión, el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, ha enviado una carta al ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, para instarle a que se "tome una acción determinada con vistas a lograr progresos tangibles tan pronto como sea posible".

De las tres recomendaciones totalmente incumplidas, una se refiere al régimen que debería aplicarse a los asesores del Gobierno, ya que el GRECO estima que debería ser equivalente al que tienen las personas con responsabilidades en el Ejecutivo en términos de transparencia y de exigencias de integridad.

Sus expertos se quejan de que no tienen constancia de que se haya prestado una particular atención a la regulación del trabajo de esos asesores, al carácter político de su nombramiento y a sus funciones.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, había anunciado a finales de 2024 su intención de sacar adelante una nueva ley de Administración Abierta donde se iban a abordar algunos de esas cuestiones, pero el GRECO hace hincapié en que el proyecto de ley todavía no ha sido aprobado en Consejo de Ministros y, por tanto, no ha podido evaluar su contenido.

Otro punto en el que no ha habido avances desde 2019 es en el de la revisión requerida del aforamiento de los miembros del Gobierno, para que no se impida a la Justicia actuar contra ellos cuando haya sospechas de corrupción.

Las autoridades españolas han alegado que el aforamiento no impide la acción judicial, sino que simplemente establece que la instancia competente para hacerlo es el Tribunal Supremo, y también que hay un proyecto de reforma desde 2019 en las Cortes para limitar su alcance, pero eso no convence al organismo del Consejo de Europa.