Las energéticas amenazan con retirar 30.000 millones de inversión si se mantiene el impuesto al sector

Las empresas energéticas se han unido en bloque contra la intención del Gobierno central de prorrogar el impuesto al sector y advierten de que están en juego 30.000 millones de euros en inversiones.

La respuesta conjunta del sector se ha producido a través del Club Español de la Energía, que agrupa a más de 120 empresas e instituciones y del que forman parte como asociados ejecutivos las principales compañías como BP, EDP, Endesa, Iberdrola, Moeve, Naturgy, Repsol y TotalEnergies, entre otras.

Esta asociación ha advertido de que nuevas cargas impositivas sobre el sector energético tendrán un impacto "directo y negativo" para España como destino de sus inversiones, así como sobre la competitividad, el empleo y la lucha contra el cambio climático.

En un comunicado, insisten en que el actual Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) requiere de un proceso inversor "perdurable" para alcanzar sus objetivos, por lo que "resulta fundamental evitar la incertidumbre".

"Las energéticas son conscientes de la importancia de este proyecto país, y su compromiso, vinculación, y capacidades necesarias para la transición energética y la sostenibilidad son absolutos", apunta.

En este sentido, opinan que habría que promover un entorno favorable basado en procedimientos normativos adecuados, seguridad jurídica y estabilidad regulatoria y fiscal para materializar los 308.000 millones de euros de inversiones estimadas, de las que un 82 % debe provenir del sector privado.

Pero prorrogar o incluir nuevas cargas impositivas a las compañías del sector energético, afirman, "dificultará la materialización de las inversiones que es necesario llevar a cabo, estimadas en más de 30.000 millones de euros para los próximos tres años, así como el desarrollo y viabilidad económica y financiera de los proyectos", añade.

Esta declaración conjunta del sector energético se produce en puertas de que el Congreso de los Diputados debata este jueves el paquete fiscal del Gobierno.

La pieza clave de la negociación es el mantenimiento del gravamen a las energéticas, después de que el Ejecutivo pactara con ERC, EH Bildu y BNG extenderlo un año -vía real decreto ley-, pero sin alterar el acuerdo previo cerrado con Junts para que no afecte a las empresas que invierten en descarbonización.

El gravamen que se aplica ahora fue aprobado en plena crisis energética, a finales de 2022, con un carácter temporal y extraordinario, para incrementar la aportación fiscal del sector en un momento de beneficios récord que las autoridades atribuyeron a los altos precios del gas y la electricidad.

El texto vigente afecta a todas las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que facturaron más de 1.000 millones de euros en 2019, excepto aquellas cuya actividad energética no sea la principal; así como a las productoras de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino en España.

Conforme a lo previsto, ha gravado concretamente durante dos años -2023 y 2024, con referencia a las cuentas del ejercicio anterior- las ventas de estas compañías con un tipo del 1,2 %, a excepción de los ingresos regulados y los procedentes de fuera de España.