Junts exige hablar catalán para legalizar a los extranjeros y enfría el apoyo a los Presupuestos

El pacto migratorio entre PSOE y Junts sigue enfrentando a los partidos. Los de Puigdemont enfrían el deseo del Gobierno de que allane el camino para los presupuestos. Mientras el Ejecutivo reitera que el acuerdo es constitucional, el Partido Popular avisa que compromete la seguridad nacional. Aunque apoya que Cataluña tenga más competencias, Esquerra teme que se usen mal. Ahora es el turno del Congreso, que debe activar la tramitación de esta ley

Ni 24 horas ha durado el consenso de PSOE y Junts sobre su pacto migratorio. Al menos en la lectura de lo firmado. Los de Puigdemont quieren vincular saber catalán para dar los papeles. Y de paso enfrían que el acuerdo sea a cambio de apoyar los presupuestos del Estado.

"Hay diferencias entre Barcelona y Madrid. ¿Se va a pedir que la lengua sea un requisito? Claro que sí, claro que se va a pedir. Estamos en Cataluña y en Cataluña hay una lengua oficial, que es el catalán. Igual que si te vas a vivir a Francia, el requisito es aprender francés", ha asegurado en declaraciones a La 1.

Este martes, el PSOE y JxCat registraron en el Congreso de los Diputados una ley orgánica para la delegación de competencias estatales fundamentales en la gestión migratoria, como la seguridad de puertos y aeropuertos, que asumirán los Mossos junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil, la gestión de los CIE y la devolución de migrantes.

Nogueras ha afirmado que el marco legislativo que se aplica a la hora de regular la inmigración es el europeo, pero que hay margen a la hora de transponer directivas de la Unión Europea para fijar el catalán como requisito. Por su parte, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha apostado este miércoles por que el Parlament desarrolle "su propia legislación" en materia de inmigración.

Sin entrar al choque, el Gobierno se ciñe al texto de la iniciativa para defender su legalidad y la garantía de los derechos humanos. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado en Murcia que la norma aplicable a la política migratoria en España es la Ley de Extranjería. Saiz ha señalado a este respecto que a la delegación de competencias en inmigración "se le aplica en materia lingüística la normativa vigente y también en todo lo que tiene que ver con el estatuto de la persona extranjera", la Ley de Extranjería y, en materia laboral, el Estatuto de los Trabajadores.

El Partido Popular eleva el tono y avisa de que este pacto compromete la seguridad nacional y desmantela el Estado. Así lo ha dicho el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha avisado este miércoles que la delegación de competencias en inmigración a Cataluña que han acordado PSOE y Junts es la "cesión más grave" del Gobierno de Pedro Sánchez porque, a su juicio, va contra la "unidad" de España. Tras alertar de que se está "comprometiendo la seguridad nacional", ha prometido revertir ese pacto si llega al Palacio de la Moncloa.

Es más, ha subrayado que es un acuerdo sobre un asunto "explícitamente vetado por la Constitución" y como "pago a un requisito político". Así, ha recalcado que la única razón de esa delegación de competencias es porque Junts lo exige y, por lo tanto, "alegar cualquier otra excusa" es "tomar por idiotas a los españoles".

Misma crítica de Vox. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha afirmado que su formación está trabajando ya "en todos los frentes" para "frenar" el traspaso de la competencia de migración a Catalunya, que considera "un atentado más contra la soberanía nacional", y ha asegurado que "se demuestra que Pedro Sánchez está secuestrado por un prófugo golpista, Puigdemont".

Mientras Podemos mantiene su rechazo al pacto, otros socios como Esquerra lo avalan, aunque con recelos frente a Junts. Por tanto, el impasse se mantiene, a la espera de conocer la posición de otros socios como Bildu. El foco ahora se traslada al Congreso, donde todos los votos son imprescindibles porque, al ser una Ley orgánica, requiere de mayoría absoluta para salir adelante.

LA INMGRACIÓN, LA ÚLTIMA DE LAS COMPETENCIAS CEDIDAS

Esta es una de las cesiones de una larga lista que el los independentistas exigen a Sánchez a cambio de su apoyo. Concesiones que incluyen desde modificaciones del código penal a quitas de deuda.

Entre las concesiones más relevantes, la gestión de la inmigración, Habrá que ver si supera o no el trámite parlamentario. Los separatistas han conseguido también amplias ventajas económicas, como la quita de la deuda por 17.000 millones de euros, el traspaso de los trenes de Cercanías y el uso del catalán en el congreso.

Quedan cosas pendientes, como que se pueda hablar catalán oficialmente en las instituciones europeas, la amnistía para Carles Puigdemont, pendiente de un recurso ante el Tribunal Constitucional, y algo que está en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez entre ERC y el PSOE, la posibilidad de un referéndum en Cataluña.